Entró en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Entró en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo Código Civil y Comercial, que entró en plena vigencia el 1 de agosto, trae consigo una enorme cantidad de cambios en cuestiones que rigen la vida diaria de las personas, como la adopción, la división de bienes en casos de concubinato o matrimonio, y aspectos tan diversos como la elección del apellido. Asimismo, plantea un nuevo escenario para aquellos emprendedores, empresas y profesionales, ya que el cuerpo normativo no sólo incorpora renovados instrumentos (como las sociedades unipersonales) sino que también obliga a rever la manera en que se liquidan los impuestos. Con el nuevo marco normativo se deberán adaptar leyes que regulan diversos impuestos, debido a que muchas veces la definición de los sujetos obligados por el fisco se apoya en lo que establece el Código Civil o Comercial. En todas las principales modificaciones introducidas se persigue el principio de la supremacía de la Autonomía de la Voluntad. El nuevo Código imprime una serie de modificaciones que convoca a un mayor protagonismo de las personas en relación a su patrimonio, tanto respecto de las relaciones de pareja como en las cuestiones de herencia.

• Sucesiones En relación a la Planificación Sucesoria, la principal modificación que se genera es un aumento en la porción que una persona puede disponer libremente cuándo planifica su sucesión. Del 20% de la ley actual, se pasará a un 33,33%, lo que dará mayor flexibilidad para que una empresa quede en manos de quienes participan en ella, en lugar de que todos los herederos se conviertan en dueños (participen o no) y para planificar patrimonios, aunque no haya una empresa. En lo que respecta a este punto es de suma importancia considerar el conjunto de estrategias para lograr una transmisión hereditaria que responda a los intereses y deseos del heredante.

• Matrimonio – Uniones Convivenciales Entre los principales cambios del nuevo Código se resaltan los pactos de Convivencia, en este sentido hay cuatro grandes modificaciones: la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; la atribución del hogar en caso de ruptura; el pacto para dividir los bienes obtenidos por el esfuerzo de ambos y la protección de la vivienda. Otro de los ejes que intervienen en el nuevo Código son las convenciones matrimoniales, en ellas se encuentra el inventario y valuación de los bienes que cada cual lleva al matrimonio y la opción por alguno de los regímenes de manejo de bienes entre ellos: separación de bienes o comunidad de gananciales. Respecto al régimen de separación de bienes, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, con excepción de la vivienda familiar. Asimismo, cada cual responde por las deudas que contrae, con excepción de las que tienen su origen en las necesidades del hogar, o el sostenimiento o la educación de los hijos. En cuanto al concepto de comunidad de gananciales, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen en partes iguales al momento de la división de bienes (sea por divorcio o sucesión), salvo aquellos recibidos por herencia, legado o donación.

• Impuestos En este sentido también tanto las leyes del Impuesto a las Ganancias como del de Bienes Personales deberían ser reformadas para adaptarse a la nueva regulación legal. En materia de impuestos además la sola definición de nuevos sujetos implicará la definición de nuevas leyes impositivas. Hay al menos tres cambios en el nuevo cuerpo legal: -Consorcio: se lo considera como persona jurídica distinta a la de los condóminos, lo que en principio implica que en el Impuesto a las Ganancias actuarán como una sociedad colectiva. – Conjuntos Inmobiliarios (countries): se regirán por las normas de la jurisdicción en la que esté emplazado. -Tiempo compartido: según el nuevo Código, se trata de una cesión de derechos

• Sociedades Lo mismo habrá que contemplar con la incorporación de las sociedades unipersonales. Este tipo societario sólo se podrá constituir como una sociedad anónima. Además, habrá que aportar todo el capital al momento del acta constitutiva y deberá contar con fiscalización estatal permanente mediante una sindicatura colegiada de tres síndicos.

• Negocios EL nuevo Código Incluye también regulaciones que impactarán en la forma de hacer negocios. Mencionamos algunas de las regulaciones que tendrán impacto directo en la actividad financiera:

1) Cesión de derechos: destacan como disposiciones más relevantes la expresa regulación de la cesión en garantía (no contemplada en el Cód. Civil), a la que se aplican las normas de la prenda de créditos (art. 1615); y la oponibilidad a terceros mediante notificación al cedido por instrumento público, o privado de fecha cierta (prescinde del engorroso requisito de notificación por acto público del Cód. Civil).

2) Cesión de posición contractual: el nuevo Código prevé la posibilidad de ceder los derechos y obligaciones que acarrea la participación en un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, solución que la doctrina y jurisprudencia aceptara desde hace muchos años pero sin sustento legal directo.

3) Factoraje: se legisla este contrato, más conocido como “factoring”, que se verifica cuando una de las partes (factor) se obliga a adquirir por un precio determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de otra (factoreado), pudiendo otorgar anticipo sobre los mismos asumiendo o no los riesgos. La adquisición puede ser complementada con servicios de administración y gestión de cobranza, y asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de los créditos cedidos.

4) Fideicomiso: entre los cambios bienvenidos vale mencionar la regulación expresa del fideicomiso de garantía, la liquidación judicial en caso de cesación de pagos del fideicomiso, y algunas precisiones para el fideicomiso testamentario. Discutible resulta que el fiduciario pueda ser también único beneficiario del fideicomiso, y la imposición de inscripción de los contratos de fideicomiso en lo que el nuevo Código denomina sin definir el “Registro Público”.

5) Garantías unilaterales: se regulan las declaraciones unilaterales de voluntad por las cuales el emisor personas públicas; personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no responden ilimitadamente; entidades financieras; aseguradoras; e importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior garantiza el cumplimiento de obligaciones de otra persona con renuncia a oponer las defensas o excepciones que pudiera tener contra el acreedor, garantía irrevocable salvo cláusula en contrario.

6) Prenda de créditos: si bien el Cód. Civil la contempla, se discutía acerca de si se restringía a créditos instrumentados en títulos de crédito, o a cualquier crédito independientemente de su forma de instrumentación. El CCC clarifica la cuestión, al disponer que el gravamen puede recaer “sobre créditos instrumentados que pueden ser cedidos, aunque el derecho no esté incorporado al instrumento y no sea necesario para el ejercicio de los derechos”. El acreedor prendario debe conservar y cobrar el crédito prendado, a título de mandatario. Si la prestación percibida es dinero, se debe aplicar al pago de la deuda garantizada hasta su cancelación; y si la prestación es no dineraria, el acreedor prendario debe proceder a su venta, para lo cual el art. 2229 establece reglas bastante laxas, que pueden ser muy convenientes para el acreedor prendario pero susceptibles de abuso. Es previsible que la jurisprudencia imponga algunos límites a las facultades de ejecución privada de los bienes prendados.

7) Títulos valores: el CCC sustituye las anacrónicas normas generales sobre títulos de crédito o “papeles de comercio” contenidas en el Cód. de Comercio de 1862, particularmente en materia de deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores cartulares (es decir, los documentados en soporte papel), con el agregado de un procedimiento novedoso para los casos de sustracción, pérdida o destrucción de los registros de títulos valores no cartulares. Se amplía las posibilidades de desmaterialización de los títulos valores, y se extiende la libertad de creación de títulos valores atípicos (aquellos creados por voluntad de los particulares, con características y denominaciones distintas a los previstos expresamente en las normas legales) a los títulos valores abstractos (es decir, los desvinculados del negocio que constituye su causa ejemplo clásico, dentro de los títulos típicos, el pagaré ) cuando se destinen a oferta pública, o sean emitidos por entidades financieras o aseguradoras, o fiduciarios registrados en la Comisión Nacional de Valores.

Fuente: Estudio de Abogados SEGAL, TURNER Y ASOCIADOS